Ciudad de Panamá, martes, 2 de noviembre de 2010 (ALC) - El concepto de “persona desaparecida” está asociado en casi todo el mundo, por lo general, con víctimas de desastres naturales o de un régimen déspota. En otros países como Estados Unidos se le vincula también con asesinatos seriados y otros crímenes atroces. En Panamá, sin embargo, las fuerzas policiales lo relacionan con reacciones adolescentes y otras causas sociales.
No es que Panamá carezca de historias de desaparecidos; por el contrario, en el informe de la Comisión de la Verdad quedaron grabados para siempre los más de 100 casos de panameños que nunca más volvieron a sus hogares durante la dictadura, entre 1968 y 1989.
El punto es que hoy las desapariciones de personas suelen estar asociadas con jóvenes que escapan de sus hogares –por razones de maltrato familiar, índole sexual u otras causas–; con accidentes y con delitos como la privación de libertad, secuestro y homicidio, que las convierte, a final de cuentas, en otro tipo de casos.
Como lo señaló el jefe de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Quincleito Mora: “las desapariciones en Panamá no son un fenómeno común. La mayoría de las veces se trata de adolescentes que se evaden de sus casas, de enfermos mentales que se extravían o de personas que no llegaron a sus casas tras convertirse en víctimas de un delito”.
En los primeros 10 meses de este año, la DIJ sumó 373 reportes de personas desaparecidas, 127 más que en el mismo período de 2009. Sea cual sea el motivo de la desaparición, e independientemente del tiempo que tenga la persona extraviada, Mora explicó que la DIJ recibe la denuncia y activa su búsqueda, cuya intensidad varía de acuerdo con el perfil de la víctima.
Antes se pedía a las personas que esperaran 48 horas para hacer la denuncia, pero hoy el reporte se recibe de inmediato. Precisó que los casos son llevados por los diferentes despachos ese organismo en el país, y donde no hay oficinas de la DIJ, por la Policía Nacional.
La investigación de un caso por “persona desaparecida” comienza en el círculo más íntimo de la víctima; es decir, su familia, y luego se va ampliando a las amistades, el colegio, el trabajo.
No hay un tiempo único para la resolución de estos casos aunque, según Mora, la experiencia les indica que la mayoría de los desaparecidos vuelve a las 48 horas. “Son muy pocos los que no aparecen y menos aún los que se convierten en víctimas de homicidio”, reiteró.
Un ejemplo de esta última posibilidad fue el sonado caso del banquero panameño Miguel Antonio Galdames, quien desapareció el 9 de septiembre de 2009 y fue hallado muerto en uno de los accesos al puente Centenario, a orillas del Canal de Panamá, el 15 del mismo mes.
Según Mora, cuando una persona desaparecida es encontrada muerta, víctima de un asesinato, el caso se investiga como un homicidio que es castigado, según el Código Penal, con condenas que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel.
Si la persona es retenida contra su voluntad, pero sus captores no exigen nada a cambio, el caso es tratado como una “privación de libertad” y se castiga con cárcel de uno a tres años.
S, por el contrario, los captores piden dinero u otra prebenda por la liberación de la víctima, el caso se convierte en secuestro y este es penado de 10 a 15 años.
De acuerdo con la experiencia de la DIJ, la mayor incidencia de casos de personas desaparecidas se registra en la ciudad capital de Panamá.
No es que Panamá carezca de historias de desaparecidos; por el contrario, en el informe de la Comisión de la Verdad quedaron grabados para siempre los más de 100 casos de panameños que nunca más volvieron a sus hogares durante la dictadura, entre 1968 y 1989.
El punto es que hoy las desapariciones de personas suelen estar asociadas con jóvenes que escapan de sus hogares –por razones de maltrato familiar, índole sexual u otras causas–; con accidentes y con delitos como la privación de libertad, secuestro y homicidio, que las convierte, a final de cuentas, en otro tipo de casos.
Como lo señaló el jefe de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Quincleito Mora: “las desapariciones en Panamá no son un fenómeno común. La mayoría de las veces se trata de adolescentes que se evaden de sus casas, de enfermos mentales que se extravían o de personas que no llegaron a sus casas tras convertirse en víctimas de un delito”.
En los primeros 10 meses de este año, la DIJ sumó 373 reportes de personas desaparecidas, 127 más que en el mismo período de 2009. Sea cual sea el motivo de la desaparición, e independientemente del tiempo que tenga la persona extraviada, Mora explicó que la DIJ recibe la denuncia y activa su búsqueda, cuya intensidad varía de acuerdo con el perfil de la víctima.
Antes se pedía a las personas que esperaran 48 horas para hacer la denuncia, pero hoy el reporte se recibe de inmediato. Precisó que los casos son llevados por los diferentes despachos ese organismo en el país, y donde no hay oficinas de la DIJ, por la Policía Nacional.
La investigación de un caso por “persona desaparecida” comienza en el círculo más íntimo de la víctima; es decir, su familia, y luego se va ampliando a las amistades, el colegio, el trabajo.
No hay un tiempo único para la resolución de estos casos aunque, según Mora, la experiencia les indica que la mayoría de los desaparecidos vuelve a las 48 horas. “Son muy pocos los que no aparecen y menos aún los que se convierten en víctimas de homicidio”, reiteró.
Un ejemplo de esta última posibilidad fue el sonado caso del banquero panameño Miguel Antonio Galdames, quien desapareció el 9 de septiembre de 2009 y fue hallado muerto en uno de los accesos al puente Centenario, a orillas del Canal de Panamá, el 15 del mismo mes.
Según Mora, cuando una persona desaparecida es encontrada muerta, víctima de un asesinato, el caso se investiga como un homicidio que es castigado, según el Código Penal, con condenas que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel.
Si la persona es retenida contra su voluntad, pero sus captores no exigen nada a cambio, el caso es tratado como una “privación de libertad” y se castiga con cárcel de uno a tres años.
S, por el contrario, los captores piden dinero u otra prebenda por la liberación de la víctima, el caso se convierte en secuestro y este es penado de 10 a 15 años.
De acuerdo con la experiencia de la DIJ, la mayor incidencia de casos de personas desaparecidas se registra en la ciudad capital de Panamá.
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