San Salvador, lunes, 15 de febrero de 2010 (ALC) - El Órgano Legislativo salvadoreño incrementó, recientemente, la condena a 15 años de prisión de libertad para los menores de edad que cometan delitos graves. En la Constitución de la República reza, en su articulo 32, que “La familia es la base fundamentas de la sociedad y tendrá la protección del Estado…”.
Anteriormente, Ley Penal Juvenil determinaba una pena máxima de 7 años a niños y adolescentes que cometieran delitos, recluyéndolos en centros “preventivos”.
En anteriores ocasiones la UNICEF y otros organismos internacionales, recomendaron a la Asamblea Legislativa promover programas de prevención, educación y contención. Pero, aun así, 76 diputados, de 84 que integran el primer órgano del Estado, aprobaron la reforma que profundiza el inicio de una política de seguridad represiva.
Para diversos sectores del país esta disposición no hace más que activar el sistema represivo que vivirá el país en los próximos cuatro años. “Este tipo de medidas nos debería de dar vergüenza, es una desgracia para nuestra sociedad, pues se quiere juzgar y acusar a los jóvenes, a las pandillas y a los mafiosos de todos los males, pero no se quiere cuestionar, juzgar y acusar a la sociedad ni al sistema en que vivimos. Es necesario un cambio de sistema”, afirmo el rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, licenciado Fidel Nieto.
Para el obispo Medardo Gómez, de la Iglesia Luterana del Salvador, “La niñez es lo mas hermoso que se tiene y no se pude reprimir de esta forma, un delincuente puede manipular a un niño o adolescente y convencerlo con amenazas para realizar un homicidio, pero la culpa no la tiene el niño, sino el que lo manipula y la sociedad misma por no protegerlo; a ellos se debe castigar, a los que están detrás del niño…de nada sirven penas mas severas si no existe la prevención del delito y la formación y protección de los niños”.
La primera dama y secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, lamentó la medida aprobada por los legisladores y recalcó, al igual que el presidente Funes, que la cuestión fue tomada a la ligera y sin consultar al Órgano Ejecutivo, ni al Gabinete de Seguridad.
Por su parte, el presidente de la República, Mauricio Funes, decidió crear una comisión que estudie el decreto legislativo, que aumenta la pena de cárcel de 7 a 15 años, contra los jóvenes menores infractores.
Según fuentes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), los diputados tienen pensado reducir la edad mínima para que un ciudadano pueda ser juzgado de 16 a 13 años de edad, lo cual representaría una violación aún mas grave contra los derechos de los niñez.
“Nosotros lucharemos en contra de esta medida, pues creemos que es un retroceso y nos aleja mas de la ratificación de la Convención Iberoamericana de la Juventud, la cual daría un marco legal para este sector mayoritario de la población”, afirmó un miembro de las unidades juveniles de la PDDH.
Tres días antes de ser ratificado el aumento de la pena máxima a los menores infractores en El Salvador, el Parlamento panameño había aprobado, el martes pasado, una ley que permitirá juzgar a los menores desde los 12 años como adultos y encarcelarlos, dependiendo del tipo de delitos que cometan; de igual forma si los menores aún no han cumplido los 12 años, sus padres o quien ejerza su patria potestad tendrán que responder, de manera judicial, por el menor.
Según Nieto, el rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, “Esta reforma aprobada por todos los partidos políticos representados en la Asamblea, llega a la categoría de una medida fascista, y el pueblo debe poner atención a esto, pues el gobierno ya anunció mayores medidas represivas”.
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