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lunes, 29 de noviembre de 2010
ECHOS se reúne en Ginebra y reafirma importancia de la participación de los jóvenes
lunes, 15 de noviembre de 2010
Foro Regional de Organizaciones Juveniles Basadas en la Fe
En dicha reunión participaron representantes de redes juveniles de OBF y de la sociedad civil a nivel de América Latina y el Caribe como, Espacio Iberoamericano de la Juventud, Alianza Latinoamericana y Caribeña de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, Pastoral Juvenil del CELAM (Cono Sur), Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina (CIEMAL), Red Juvenil Interreligiosa de Religiones por la Paz, Plataforma Argentina de Juventudes y los coordinadores de las cinco regiones de la Pastoral Juvenil del CLAI. También participaron representantes de organizaciones juveniles uruguayas como: OBSUR (ONG católica), Juventud Para Cristo Uruguay, Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Uruguay, Voluntarios en Red de la Comunidad Israelí, Jovenes de Soka Gakai Uruguay, Serví tu ciudad Uruguay, ACJ- Uruguay, entre otras.
Durante el encuentro se generó en un espacio de intercambio con actores del gobierno, la sociedad civil, la academia especializada, los líderes juveniles de la sociedad civil y de las OJBF.
Una agenda desde las OJBF
En el documento de conclusiones de la reunión se señala:
“Hemos tenido la oportunidad de conocer el estado de los derechos de los jóvenes en América Latina y el Caribe a 10 años del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el rol de la sociedad civil en general y en especial de las OJBF, las agencias de Naciones Unidas y el Estado, y en concreto algunas acciones de los gobiernos de la región para el cumplimiento de dichos objetivos.
Reflexionamos sobre nuestra realidad a partir de cuatro ejes temáticos: Jóvenes, empleo y proyectos productivos para la superación de la pobreza; Desigualdades de género y juventud; Salud y prevención de VIH; y Participación juvenil y políticas públicas.
Se plantearon preocupaciones como:
ü Los altos índices de desempleo juvenil en toda la región y las prácticamente nulas políticas públicas tendientes a reducir dichos índices.
ü Las enormes desigualdades de género y generacionales resultado de construcciones sociales arraigadas de tal manera en la sociedad que son percibidas como inmodificables.
ü La estigmatización de las personas que viven con VIH/sida; la sistemática vulneración de derechos de las mujeres y los jóvenes, grupos de alto riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la falta de programas de educación sexual integrales (de calidad y sostenidos) con enfoque de derechos humanos, género y ética.
ü La pseudo participación a la que nos enfrentamos al intentar contribuir en la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género y generacional en un mundo principalmente adulto céntrico.
Ante semejante panorama no nos quedamos de brazos cruzados. Desde nuestras organizaciones juveniles:
ü Contribuimos a la generación de proyectos productivos a partir de micro emprendimientos.
ü Acompañamos a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y estructural.
ü Promovemos la capacitación juvenil en educación sexual desde una perspectiva integral y responsable.
ü Generamos espacios de participación juvenil para la incidencia en las políticas públicas que busquen la garantía de sus derechos.
Sin embargo, somos conscientes que las acciones deben ser integrales y coordinadas, no sólo de las OJBF. En este sentido, Estado y sociedad civil deberían actuar coordinadamente para:
Ø Promover la participación ciudadana que contribuya a la construcción de una cultura política democrática
Ø Estimular el trabajo mancomunado de las organizaciones de la sociedad civil y el Estado
Ø Reducir las desigualdades sociales en consonancia con los ODM”.
miércoles, 10 de noviembre de 2010
"EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA NO SON LOS ADOLESCENTES"
martes, 2 de noviembre de 2010
PANAMÁ: Los desaparecidos son los más jóvenes
No es que Panamá carezca de historias de desaparecidos; por el contrario, en el informe de la Comisión de la Verdad quedaron grabados para siempre los más de 100 casos de panameños que nunca más volvieron a sus hogares durante la dictadura, entre 1968 y 1989.
El punto es que hoy las desapariciones de personas suelen estar asociadas con jóvenes que escapan de sus hogares –por razones de maltrato familiar, índole sexual u otras causas–; con accidentes y con delitos como la privación de libertad, secuestro y homicidio, que las convierte, a final de cuentas, en otro tipo de casos.
Como lo señaló el jefe de Investigaciones Criminales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Quincleito Mora: “las desapariciones en Panamá no son un fenómeno común. La mayoría de las veces se trata de adolescentes que se evaden de sus casas, de enfermos mentales que se extravían o de personas que no llegaron a sus casas tras convertirse en víctimas de un delito”.
En los primeros 10 meses de este año, la DIJ sumó 373 reportes de personas desaparecidas, 127 más que en el mismo período de 2009. Sea cual sea el motivo de la desaparición, e independientemente del tiempo que tenga la persona extraviada, Mora explicó que la DIJ recibe la denuncia y activa su búsqueda, cuya intensidad varía de acuerdo con el perfil de la víctima.
Antes se pedía a las personas que esperaran 48 horas para hacer la denuncia, pero hoy el reporte se recibe de inmediato. Precisó que los casos son llevados por los diferentes despachos ese organismo en el país, y donde no hay oficinas de la DIJ, por la Policía Nacional.
La investigación de un caso por “persona desaparecida” comienza en el círculo más íntimo de la víctima; es decir, su familia, y luego se va ampliando a las amistades, el colegio, el trabajo.
No hay un tiempo único para la resolución de estos casos aunque, según Mora, la experiencia les indica que la mayoría de los desaparecidos vuelve a las 48 horas. “Son muy pocos los que no aparecen y menos aún los que se convierten en víctimas de homicidio”, reiteró.
Un ejemplo de esta última posibilidad fue el sonado caso del banquero panameño Miguel Antonio Galdames, quien desapareció el 9 de septiembre de 2009 y fue hallado muerto en uno de los accesos al puente Centenario, a orillas del Canal de Panamá, el 15 del mismo mes.
Según Mora, cuando una persona desaparecida es encontrada muerta, víctima de un asesinato, el caso se investiga como un homicidio que es castigado, según el Código Penal, con condenas que van desde los 10 hasta los 30 años de cárcel.
Si la persona es retenida contra su voluntad, pero sus captores no exigen nada a cambio, el caso es tratado como una “privación de libertad” y se castiga con cárcel de uno a tres años.
S, por el contrario, los captores piden dinero u otra prebenda por la liberación de la víctima, el caso se convierte en secuestro y este es penado de 10 a 15 años.
De acuerdo con la experiencia de la DIJ, la mayor incidencia de casos de personas desaparecidas se registra en la ciudad capital de Panamá.